La Asamblea de Ecuador decide llevar al presidente Lasso a juicio político
La oposición votó en masa a favor del proceso de destitución de Lasso.
La Asamblea Nacional de Ecuador votó ayer a favor de continuar el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, acusado por la oposición de malversación de fondos públicos. De continuar el proceso, el mandatario podría enfrentarse a la destitución este mismo mes.
El Parlamento en Quito aprobó la resolución con el voto a favor de 88 de los 116 legisladores presentes, superando la mitad más uno requerida para sacarla adelante.
Otros 23 votaron en contra y 5 se abstuvieron en la votación surgida de una moción de la legisladora Viviana Veloz del movimiento Unión por la Esperanza (UNES), liderado por el expresidente Rafael Correa.
El juicio político al jefe de Estado ecuatoriano continuará en una próxima sesión, que debe convocarse en el plazo de cinco días por el presidente de la Asamblea Nacional, en la que los acusadores y la defensa deberán presentar sus pruebas. Para destituir al presidente se requeriría un mínimo de 92 votos del total de 137 diputados.
La oposición acusa a Lasso de supuestamente tener conocimiento de actos ilícitos cometidos por funcionarios que otorgaron contratos de forma fraudulenta.
De qué lo acusan a Lasso
La oposición acusa a Lasso de “peculado” (malversación de fondos públicos) por supuestamente tener conocimiento de los actos ilícitos de funcionarios que otorgaron a terceros de forma fraudulenta varios contratos de transporte de petróleo, el principal activo de Ecuador.
La oposición celebró la decisión parlamentaria, mientras los defensores del mandatario denunciaron que la sesión del martes fue ilegal al no existir un informe aprobado de la Comisión de Fiscalización.
Esta comisión había emitido un informe que liberaba a Lasso de responsabilidades al no existir pruebas, pero la oposición, que controla este organismo, impidió aprobar el documento.
El presidente tiene la opción de recurrir a la llamada “muerte cruzada”, un recurso que le permitiría disolver el Parlamento y convocar elecciones presidenciales y legislativas anticipadas.
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