El Gobierno propuso más cambios a la Ley Ómnibus: privatizaciones y facultades delegadas
Mientras se realiza el debate en el Congreso, el oficialismo continúa negociando con la oposición dialoguista cambios en la Ley Ómnibus.
El Gobierno propuso más cambios a la Ley Ómnibus. En un nuevo texto enviado, aparecieron modificaciones en los puntos más conflictivos entre los que se encuentran las privatizaciones y las facultades delegadas.
En la nueva redacción se sumaron más artículos, en respuesta a los planteos realizados por la oposición dialoguista. Por ejemplo, en el caso de las privatizaciones, el listado final bajo de 39 a 30. Banco Nación, Nucleoeléctrica Argentina y ARSAT sólo podrán ser privatizadas parcialmente.
Fuera de la lista quedaron: Fabricaciones Militares, Banco de Inversión y Comercio Exterior, Dioxitek, Fábrica Argentina de Aviones, Casa de Moneda, Radio Nacional de Universidad del Litoral, Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación y Yacimiento Minero de Agua de Dionisio. El nuevo capítulo de privatizaciones se divide en tres artículos y sus respectivos anexos. Allí se encuentran litados de empresas sujetas a privatización total o parcial.
Además, con el fin de garantizar la transparencia en los proceso de privatización, una Comisión Bicameral, integrada por seis diputados y seis senadores, deberá ser informada por el Ejecutivo de la modalidad y procedimiento elegido para la venta de las empresas, el pliego de condiciones y circunstancias relevantes hasta 15 días previos antes de su publicación. La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN) colaborarán permanentemente con la bicameral.
La Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado de la Jefatura de Gabinete de Ministros junto con la SIGEN elaborará y hará público un informe integral sobre la empresa con sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos para remitir a la bicameral.
Respecto a las facultades delegadas, se eliminó la emergencia fiscal y previsional. De acuerdo con el proyecto, la emergencia pública en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2024 y el plazo podrá prorrogarse por el Congreso por un año como plazo máximo.
Sin embargo, el oficialismo tomó la decisión de mantener la derogación del artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública, conocida como Ley Guzmán. Esta normativa limitaba la toma de deuda en dólares con legislación extranjera. Este último punto aún genera desacuerdo entre el Gobierno y la oposición dialoguista.
Fuente: Infobae
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