“La policía de la provincia va a seguir con los trabajos cada vez que se corten las rutas y no se permita el paso, lo que implica que las sanciones se pueden repetir en las personas físicas o jurídicas”, agregó el funcionario y aclaró que los montos “pueden llegar hasta los 2.500.000 pesos”.
Por su parte, el fiscal de Estado de Jujuy, Miguel Rivas, señaló que había comenzado a denunciar ante la justicia local “la perpetración de delitos” en todo el territorio desde el sábado 17 de junio, día en que ocurrió “una primera represión policial en el corte de ruta que aún llevan adelante comunidades originarias en el ingreso al poblado de Purmamarca.
Según informó la agencia Télam, los hechos denunciados fueron “perpetradas por personas violentas, con una virulencia majestuosa, que realmente están atacando el orden constitucional”.
“De ninguna manera se trata de hechos aislados, sino planeados y ejecutados por individuos violentos, organizaciones sociales y políticas. Se va a instar a que de forma inmediata se proceda a la detención efectiva”, expresó.
El objetivo de este accionar, donde “el Estado va a intervenir como querellante en la totalidad de los procesos penales”, es que “se apliquen los montos mayores de penas previstas para cada delito, tanto para los autores materiales, cómplices e instigadores”, que pueden sumar “hasta 25 años de cárcel”.
En esa sintonía, la idea es “embargar patrimonialmente a cada uno de los delincuentes violentos”, a quienes “se les va reclamar por los daños y perjuicios producidos al Estado provincial”. De acuerdo a la información oficial, los pérdidas se traducen en “una suma aproximada de 1.000.000.000 de pesos”.
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