La Justicia pidió fundamentos jurídicos para el protocolo antipiquete

La Justicia pidió fundamentos jurídicos para el protocolo antipiquete. El juez Sebastián Casanello solicitó la medida para evaluar la validez legal del protocolo y sus contornos en respeto de normas de rango constitucional.

El magistrado se declaró competente en la causa donde se plantea la inconstitucionalidad del protocolo impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Por ello, instó a la funcionaria a enviar un informe, en un plazo de 72 horas, que detalle los “fundamentos jurídicos” de la aplicación de este protocolo y “si fueron consultadas” la Secretaría de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil u organismos internacionales.

“Líbrese oficio al Ministerio de Seguridad de la Nación, a efectos de que, dentro de las 72 horas, presente el informe circunstanciado previsto en su art. 11, respecto del dictado de la Resolución nro. 943/2023 (protocolo antipiquete)”, consignó el documento firmado por el juez titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 7.

Casanello pidió que se identifique “pormenorizadamente el procedimiento que precedió su emisión, informando todos sus antecedentes y remitiendo su hoja de ruta y los dictámenes jurídicos previos realizados”. Además, tendrá que aclarar si fueron consultados “otros organismos del Estado, entre ellos el Ministerio de Justicia de la Nación – y su Secretaría de Derechos Humanos – y si fueron consultadas – formal o informalmente  -organizaciones de la sociedad civil y/u organismos internacionales”.

Consecuentemente, pidió “precisar los fundamentos jurídicos considerados para adoptar los lineamientos incluidos en el ‘Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación'” y determinar si existió un “examen de adecuación a las normas internacionales de derechos humanos”.

Por otra parte, requirió que se informe si desde su puesta en vigencia “se recibieron denuncias en orden a excesos en el ejercicio de las funciones de las fuerzas policiales y de seguridad federales en cumplimiento de tales lineamientos, haciendo saber qué medidas llevó a cabo en consecuencia”.

Además, tendrán que revelar si “dedujeron otros planteos judiciales – habeas corpus, amparos u otros – contra la resolución de los que tenga conocimiento y, en su caso, qué trámite se les dio, en qué estado se encuentran y si desde la órbita de ese Ministerio se dispuso algún acto administrativo consecuente”.

El juez dio carácter de habeas corpus a una acción que se presentó el 18 de diciembre pasado por la diputada porteña por el Movimiento Socialista de los Trabajadores, Celeste Fierro, que sostuvo que la iniciativa “amenaza derechos políticos”.

“Tras deambular 50 días por ocho juzgados y una cámara, de los fueros electoral, contencioso y penal, por fin un juez acepta nuestra causa contra el protocolo represivo, que iniciamos el 18 de diciembre como ‘acción declarativa de inconstitucionalidad’”, dijo a través de un comunicado.

Fuente: Perfil

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