Fiscal imputa Alberto Fernández por administración fraudulenta en caso de seguros de ANSES
La investigación se centra en millonarias comisiones pagadas a intermediarios cercanos al ex mandatario.
El fiscal federal Ramiro González ha imputado al ex presidente Alberto Fernández, al ex titular de Nación Seguros Alberto Pagliano, y a Héctor Martínez Sosa por presunta administración fraudulenta en relación con los negocios sospechosos en la contratación de seguros para los jubilados que tomaban créditos a través de la ANSES y las millonarias comisiones pagadas a intermediarios cercanos.
La causa, originada a partir de una denuncia presentada por la abogada Silvina Martínez, se enfoca en investigar la posible malversación de caudales públicos, violación de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. La fiscalía ha puesto especial atención en la normativa que obliga al sector público estatal a contratar exclusivamente con la empresa pública “Nación Seguros SA”.
Según consta en la denuncia, la trama de contrataciones opacas fue expuesta en una publicación del diario Clarín, donde se reveló que “Nación Seguros” subcontrató a un intermediario en el caso de los seguros de ANSES, quien recibió una comisión del 17%, tres veces mayor que la del mercado. Se estima que las ganancias por comisiones alcanzaron los 300 millones de pesos mensuales y 20.000 millones de pesos anuales.
Las investigaciones señalan a Pablo Torres García (ANSES) y Héctor Martínez Sosa (esposo de la Secretaria de Alberto Fernández, María Cantero) como posibles beneficiarios o intermediarios de estas contrataciones.
Ante esta denuncia penal, el fiscal Ramiro González ha considerado que existen suficientes elementos para iniciar la investigación e imputar a los responsables de la presunta maniobra, incluido el ex presidente Alberto Fernández.
Para avanzar en la investigación, el fiscal ha solicitado una serie de medidas de prueba, entre ellas la obtención de antecedentes y dictámenes jurídicos relacionados con el decreto 823/2021, así como todos los convenios o contrataciones realizadas bajo esta normativa.
Además, la Oficina Anticorrupción del gobierno de Javier Milei ha pedido intervenir en el caso para establecer responsabilidades y reclamar reparaciones económicas, una vez que el juez resuelva su petición de ser querellante en la causa.
