Ana María Figueroa criticó el fallo de la Corte Suprema que la removió del cargo
La exjueza de Casación Penal aseguró que "no tuvo ningún derecho de defensa" y que la acción del máximo tribunal "tiene una connotación tremenda de género".
La jueza Ana María Figueroa consideró que el fallo de la Corte Suprema que decidió removerla del cargo tras haber cumplido los 75 años de edad es “un claro disciplinamiento” y sostuvo que la situación “es muy grave”, dado que si hubiera sido “un hombre” no se “hubieran animado a hacerle” lo mismo.
Figueroa sostuvo que “no tuvo ningún derecho de defensa” luego de que el máximo tribunal no aceptara su pedido de licencia. “Conmigo aplicaron una doble vara, y si me la aplican a mi, se la aplican a todo el mundo”, recriminó la jueza que cumplió años en agosto y que aún no había conseguido acuerdo del Senado para permanecer en su cargo por cinco años más, tal como lo exige la Constitución Nacional.
La jueza insistió en que “hay una doble vara” ya que “hay muchos jueces que cumplieron 75 años y les dieron el acuerdo” para continuar en sus cargos y que “siempre se resolvió así, hasta que se dio mi caso”. “Confiaba en que me iban a dar el mismo trato que a mis otros colegas. Desde la Corte sacaron una resolución que no se entiende y ordenaron el cese automático de las funciones”, observó en comunicación con Radio 10.
En consecuencia, analizó también que si hubiera sido “un hombre” no se “hubieran animado a hacerle lo que me hicieron a mí”. Para Figueroa, la acción del Alto Tribunal “tiene una connotación tremenda de género” y reiteró que “es importante tener una Corte plural, con más miembros y que no se entrometa en todo”.
El fallo de la Corte Suprema
La Corte Suprema de Justicia de la Nación cesó en sus funciones a la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana María Figueroa, el miércoles pasado. La resolución fue firmada en forma digital por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti; el vice, Carlos Rosenkrantz, y los ministros Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
La Corte dispuso, además, “poner en conocimiento del Consejo de la Magistratura lo resuelto en la presente a fin de que adopte las medidas que estime necesarias”, esto es dejar de pagarle el sueldo como magistrada y proceder a la apertura del concurso para reemplazarla.
El máximo tribunal también resolvió derogar de hecho una resolución del propio Consejo de la Magistratura que establecía una suerte de prórroga en la función después de los 75 años de edad a la espera de una definición del Senado sobre un pedido de reválida.