Diputados trata hoy la reforma de la ley contra el lavado de dinero
El oficialismo y el PRO lograron ponerse de acuerdo en comisiones.
La Cámara de Diputados buscará debatir este miércoles el proyecto del Poder Ejecutivo para reformar la ley de prevención y persecución de lavado de activos, que recibió ayer dictamen en un plenario de las comisiones de Legislación General, de Finanzas y de Legislación Penal de la cámara baja.
La iniciativa obtuvo dictamen de mayoría impulsado por el Frente de Todos, con el respaldo del PRO, que plantea disidencias parciales, en tanto, la Coalición Cívica, Evolución Radical, la UCR y el interbloque Federal anticiparon que no firmarían ese despacho y confluyeron en un dictamen de minoría propio.
A pedido del oficialismo, el proyecto será debatido hoy en una sesión especial convocada para las 11, donde se discutirán además otras iniciativas que cuentan con consenso de todos los bloques, entre las que se encuentran la autorización para la entrada y salida de tropas para realizar ejercicios conjuntos, entre otras cuestiones.
El proyecto fue debatido en el marco del plenario de comisiones de Legislación General, que preside Lucas Godoy (Frente de Todos); de Finanzas, a cargo de Alicia Aparicio (FdT); y de Legislación Penal, que encabeza María Luján Rey (PRO), que no estuvo presente por estar con problemas de salud.
Reforma de la ley contra el lavado de activos
El texto, presentado por el Poder Ejecutivo en junio del año pasado, tiene tres ejes centrales: las modificaciones al Código Penal, la reforma de la ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo (Ley 25.246) y la creación de un registro de activos virtuales.
Entre otras cuestiones que se incorporaron al proyecto original, se acordó aumentar el monto de la condición objetiva de punibilidad de $ 300.000 a $ 8.600.000 y se estableció implementar como unidad de medida el Salario Mínimo Vital y Móvil a los fines de su actualización periódica, a la vez que se incorpora la pena de multa y se suprime pena de prisión.
Asimismo, el texto incorpora el concepto de operación inusual y sospechosa, de conformidad con la Recomendación 20 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y se refuerza el mecanismo de audiencia pública previa a la designación de las autoridades de la UIF.
El proyecto, presentado por el Poder Ejecutivo, había sido analizado en noviembre pasado por las comisiones de Legislación General y Finanzas, pero no había recibido dictamen.
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