Buscan desalojar a la comunidad comechingona Pluma Blanca
Los miembros de la comunidad solicitan la aplicación de la Ley 26.160 y piden que se los reconozca como parte de las comunidades originarias.
La Comunidad Pluma Blanca llamó a una concentración para este viernes a las 10 hs. en el Juzgado de Jesús María para reclamar ante un posible desalojo. Esta comunidad habita territorios de la comuna El Manzano, camino a Candonga, desde hace más de 20 años. Sin embargo, desde 2020 pesa una orden desalojo contra las familias que allí viven.
“La convocatoria tiene por objeto solicitar al juez interviniente en la causa que suspenda el desalojo de la Comunidad Pluma Blanca a través de la aplicación de la Ley 26.160, que indica que mientras se realizan los trámites de relevamiento de comunidades indígenas no se puede proceder con el desalojo de los miembros de la comunidad”, sostuvieron.
La orden de desalojo no se efectuó a causa de la pandemia y por estas horas sería inminente que se realice por parte de la Justicia y el personal policial. El año pasado, la comunidad denunció hostigamiento y amenazas de muerte e inclusó encontraron varios explosivos militares escondidos en una grieta al nivel del piso en una pared lateral de su casa.
“Ello se suma al permanente hostigamiento que sufrimos desde hace años con el fin de arrebatarnos el territorio (disparos a la vivienda mientras nuestros hijos están en su interior, ocupación del predio por parte de personas inescrupulosas, ataques a las mujeres de la familia, etc.) Todo esto evidencia una intención clara e indubitable de llegar hasta las últimas consecuencias para que abandonemos nuestro territorio ancestral, y demuestra un absoluto desprecio por la vida y la salud de las personas que conformamos la comunidad comechingona”, expresaron en aquél momento.
Desde la comunidad solicitan que se aplique la Ley 26.160 que establece la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país. Según la normativa, no podrán realizarse desalojos hasta tanto se lleve adelante el relevamiento técnico —jurídico— catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
