Fallece mujer con cáncer tras la interrupción del tratamiento por parte del Estado

María Teresa Troiano luchó contra un melanoma en estadio IV durante 16 años. Su tratamiento, provisto por la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), dependiente del Ministerio de Salud, se vio interrumpido en diciembre de 2023. La consecuencia: la enfermedad avanzó sin freno, desarrollando metástasis en el cerebro y provocando su lamentable fallecimiento en la noche del miércoles.

Su caso, sumado a los de Aldo Javier Pinto, Camila Giménez y Alfredo González, pone en tela de juicio la gestión del Estado en materia de salud pública y la protección de los derechos humanos. Familiares y organizaciones como la Fundación Solidaridad Cáncer (Fusoca) y la Alianza Argentina de Pacientes (ALAPA) denuncian la falta de respuestas y la desidia por parte de las autoridades, mientras alertan sobre la existencia de cientos de casos similares que podrían derivar en nuevas tragedias.

Un sistema colapsado y pacientes en vilo

Las denuncias por la interrupción de tratamientos oncológicos y para enfermedades crónicas por parte de la DADSE no son nuevas. Desde diciembre de 2023, la situación se ha vuelto insostenible, dejando a pacientes en una situación de extrema vulnerabilidad.

El caso de María Teresa Troiano es emblemático. Su esposo, Eduardo Castaño, relató con impotencia la desesperación de ver cómo la enfermedad avanzaba sin acceso a la medicación necesaria. “Ella está anémica, sin medicación desde el 12 de diciembre cuando tenía que recibirla. Comprarla es para mí imposible. Son Dabrafenib y Trametinib, dos medicaciones que van juntas, es una quimio oral. En el mercado, una vale 11 millones y otra seis. Son 17 mil dólares mensuales”, lamentaba Castaño.

La falta de firma en la DADSE para la autorización de la medicación, sumado a las supuestas irregularidades en las compras denunciadas por el Ministerio de Capital Humano, han creado un laberinto burocrático que deja a los pacientes a merced de un sistema colapsado.

Justicia y solidaridad como únicas herramientas

Ante la falta de respuestas por parte de las autoridades, algunos pacientes han optado por la vía judicial. Es el caso de un hombre con colitis ulcerosa que denunció penalmente al ministro de Salud de la Nación, Mario Russo, por abandono de persona e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Sin embargo, el acceso a la justicia no siempre es expeditivo ni garantiza una solución. Celeste Quintana, paciente con cáncer del sistema linfático, obtuvo un amparo judicial que le garantizaba el derecho a su tratamiento, pero el Gobierno apeló la medida.

En este contexto, la solidaridad entre los propios pacientes se ha convertido en una tabla de salvación. Redes de apoyo, donaciones de medicamentos y campañas de visibilización son algunas de las iniciativas que intentan paliar el vacío dejado por la desidia estatal.

Con información de Tiempo Argentino.