Se reglamentó la Ley Lucio para todos los poderes estatales
Se crea la obligatoriedad de un plan en todo el país de capacitación sobre los derechos de los niños y adolescentes.
El Gobierno reglamentó la ley 27.709 de creación del Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de carácter continuo, permanente y obligatorio destinado a las personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado Nacional, conocida como “Ley Lucio”, aprobada el 13 de abril pasado tras el asesinato del niño de 5 años Lucio Dupuy que sufrió una brutal golpiza por parte de su madre y de su pareja.
La reglamentación fue publicada hoy en el Boletín Oficial mediante el decreto 360/2023 firmado por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi; y la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.
En la norma se indica que la Secretaría de Niñez, Adolescente y Familia, del Ministerio de Desarrollo Social, en su carácter de Autoridad de Aplicación de la Ley, queda facultada para celebrar los acuerdos o convenios necesarios con los organismos o dependencias de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado Nacional, Provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o Municipal y con los organismos de la sociedad civil, que forman parte corresponsable del Sistema Integral de Promoción y Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para impartir las capacitaciones.
Qué es la Ley Lucio
La Ley N° 27.709, sancionada el 13 de abril pasado, creó el Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los niñas, niños y adolescentes (NNyA), plan que le da nombre a la ley.
El mismo está dirigido a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que forman parte corresponsable del Sistema Integral de Promoción y Protección de los Derechos de NNyA.
La capacitación prevista puede extenderse a administraciones provinciales y municipales y organizaciones sociales, deportivas, recreativas y culturales.
La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, será la autoridad de aplicación de la ley, por lo que tendrá una “obligación inmediata y directa” en las capacitaciones y campañas de concientización que deberán realizarse.
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