Un diputado argentino presentó un proyecto para legalizar la eutanasia
La iniciativa propone un marco legal con requisitos estrictos, controles médicos y garantías para pacientes y profesionales. El texto se inspira en modelos internacionales como el de Uruguay y retoma principios de leyes vigentes sobre derechos del paciente y muerte digna.
El diputado argentino, Lisandro Nieri, presentó un proyecto de ley para regular la eutanasia y la muerte médicamente asistida en todo el país. La propuesta toma como referencia la legislación aprobada en Uruguay, que en octubre se convirtió en el primer país de América Latina en legalizar esta práctica.
El objetivo central es habilitar a que personas con enfermedades graves, incurables o con padecimientos crónicos y limitantes puedan solicitar ayuda médica para morir bajo un marco normativo claro.
Además, el texto fija derechos, procedimientos y garantías tanto para pacientes como para profesionales de la salud, e incorpora modificaciones al Código Penal para proteger a quienes actúen bajo estas normas.
Requisitos y procedimientos establecidos en el proyecto
Según el articulado, cualquier persona adulta con una enfermedad grave, crónica o incurable podrá solicitar la prestación de ayuda para morir. El pedido deberá realizarse dos veces: por escrito, de manera voluntaria y con una separación mínima de quince días entre cada solicitud.
Entre las garantías previstas se incluyen el consentimiento informado, la posibilidad de revocar la decisión en cualquier momento y la intervención de una Comisión Médica de Asistencia y Evaluación en cada jurisdicción.
El sistema de salud, tanto público como privado, estará obligado a garantizar la práctica y cubrir los costos asociados. El proyecto define la eutanasia como un procedimiento realizado por un médico -o bajo su supervisión- una vez verificado que el solicitante cumple con todos los requisitos legales y éticos. La práctica podrá realizarse de forma directa por un profesional o mediante autoadministración supervisada.
El proyecto también reconoce el derecho de menores mayores de 16 años y personas con capacidad restringida a iniciar el trámite bajo condiciones específicas. Cada caso deberá ser evaluado por una comisión médica multidisciplinaria integrada por profesionales de la salud y un jurista especializado, que deberá emitir un dictamen en un plazo máximo de cinco días.
Objeción de conciencia, derivaciones y garantías para el acceso
El personal sanitario podrá ejercer la objeción de conciencia siempre que lo notifique por escrito y con antelación, sin obstaculizar el acceso del paciente a la práctica. En caso de que todos los profesionales de una institución se declaren objetores, el establecimiento deberá derivar al paciente a otro centro de similares características y asumir los costos del traslado y la gestión.
Si la comisión médica rechaza el pedido, el solicitante podrá pedir una revisión ante el pleno del organismo evaluador. Una vez aprobado, la eutanasia deberá realizarse en un máximo de diez días.
Los artículos 83 bis y 83 ter que el proyecto incorpora al Código Penal excluyen la responsabilidad penal de los profesionales que actúen conforme a los procedimientos establecidos y sancionan a quienes demoren o impidan el acceso a la prestación sin justificación. Además, la muerte producida bajo estas condiciones será considerada legalmente como muerte natural.
Fundamentos legales y respaldo político a la iniciativa
Durante la presentación, Nieri sostuvo: “La propuesta busca garantizar que cada persona pueda decidir sobre el final de su vida en condiciones de dignidad, sin prolongar sufrimientos innecesarios”. El diputado destacó que el texto retoma principios de la Ley de Derechos del Paciente (26.529) y la Ley de Muerte Digna (26.742), que consagran la autonomía de la voluntad y el rechazo a tratamientos que prolonguen artificialmente la vida.
El proyecto toma como referencia experiencias de países como Uruguay, España y Canadá, que ya cuentan con regulaciones estrictas sobre la muerte médicamente asistida. Según sus impulsores, regular la eutanasia no implica promoverla, sino “humanizar el final de la vida” y responder a una demanda social sostenida.
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