Tras el caso de Gisèle Pelicot, Francia eliminó el “deber conyugal” de mantener relaciones sexuales en el matrimonio

En un movimiento considerado histórico dentro del derecho familiar francés, la Asamblea Nacional de Francia dio luz verde a una modificación normativa que pone fin de manera explícita a la idea de obligación sexual en el matrimonio. La votación fue unánime y marca un giro en la interpretación tradicional del vínculo conyugal.

A partir de esta reforma, rechazar mantener relaciones sexuales ya no podrá invocarse como argumento legal en un proceso de divorcio. El nuevo enfoque coloca el consentimiento en el centro de la relación entre cónyuges y desactiva una práctica jurídica que, durante años, fue avalada por interpretaciones del Código Civil.

La iniciativa tomó impulso tras la conmoción generada por el caso de Gisèle Pelicot, víctima de violaciones organizadas por su propio esposo, un episodio que reavivó el debate sobre violencia sexual dentro del matrimonio y la necesidad de actualizar el marco legal.

El origen del debate jurídico

El punto de partida del conflicto estaba en la noción de “vida en común” establecida en el Código Civil francés, que contempla deberes como fidelidad, asistencia y socorro. Aunque la norma nunca mencionó de forma expresa una obligación sexual, durante décadas algunos tribunales interpretaron que esta formaba parte implícita de la convivencia matrimonial.

Esa lectura permitió que la negativa a mantener relaciones íntimas fuera utilizada como fundamento en demandas de divorcio. Con la reforma, esa interpretación queda sin efecto.

El nuevo texto —aprobado por 106 votos a favor y ninguno en contra— establece que en las ceremonias de matrimonio civil deberá leerse una cláusula que precise que “esta vida en común no crea ninguna obligación para los cónyuges de mantener relaciones sexuales”. 

El impacto del caso Pelicot y el foco en el consentimiento

El caso de Gisèle Pelicot resultó determinante en la discusión pública. La mujer fue drogada por su marido y entregada a desconocidos que la violaron. El esposo recibió una condena de 20 años de prisión, mientras que otros implicados fueron sentenciados a penas de entre cinco y quince años.

Durante el proceso judicial, algunos acusados alegaron actuar con el “permiso” del marido, un argumento que expuso la necesidad de reforzar el concepto de consentimiento y desmontar interpretaciones que pudieran justificar abusos dentro del matrimonio.

La reforma se suma a otras modificaciones recientes en Francia, como la adopción de una definición de violación basada en la ausencia de consentimiento. 

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