Piden el reconocimiento del genocidio a los pueblos originarios de la Patagonia

La presentación tiene por objetivo la realización de un juicio de la verdad para determinar la responsabilidad del Estado Argentino en la Campaña del Desierto.

Piden el reconocimiento del genocidio a los pueblos originarios de la Patagonia. Ivana Noemí Huenelaf, una mujer mapuche-tehuelche presentó una denuncia ante los Tribunales Federales de Retiro. En ella solicitaba el reconocimiento del genocidio perpetrado sobre los pueblos originarios durante la Campaña del Desierto entre 1878 y 1890.

En su presentación, Huenelaf recurrió a la documentación del Estado argentino. Allí se detallan las acciones implementadas en el sur durante ese período en el marco de un plan sistemático para el exterminio de la población indígena.

“Es prioritario que haya un reconocimiento respecto de que esto fue un genocidio. La ‘Campaña del Desierto’, se trató de un plan sistemático de exterminio, algo que surge de la propia documentación que posee el Estado”, sostuvo el abogado Fernando Cabaleiro, representante de la mujer.

El objetivo de esta presentación es realizar un juicio de la verdad para conocer qué pasó hace más de 100 años y cuál fue la responsabilidad del Estado nacional. Este caso está ahora en manos del juez federal Daniel Rafecas con la intervención del fiscal Ramiro González.

El letrado cuestionó el uso del tema mapuche como una amenaza por parte de la Sociedad Rural Argentina. “Es increíble que pasados más de 100 años se siga utilizando el mismo discurso”, expresó. Por otro lado, expuso que quienes lo hicieron son los mismos que pertenecen a la sociedad terrateniente que financió la Campaña. “Luego de la matanza y el desplazamiento de las comunidades fueron quienes se repartieron las tierras”, cerró.

La documentación

Dentro de la documentación presentada se encuentra “una ley nacional (Ley N°947) que insta a la matanza así como el discurso presidencial de Nicolás Avellaneda, que se refiere en los mismos términos”, indicó Cabaleiro. En la documentación comprobaron que la eliminación de las etnias que habitaban la región era una política de Estado. Además, “los que lograron sobrevivir, muchas mujeres niños y niñas, fueron sometidos primero a desplazamientos forzosos y luego a trabajos forzosos como si fueran esclavos”, indicó.

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