Patricia Bullrich presentó un nuevo protocolo antipiquetes
Las fuerzas federales podrán intervenir en bloqueos de calles, sean totales o parciales, y aplicar sanciones a los participantes.
El Gobierno anunció un nuevo protocolo de orden público que endurece las sanciones para los cortes de calles. El protocolo, presentado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habilita a las fuerzas federales a intervenir en cualquier tipo de corte, sean totales o parciales.
“La ley no se cumple a medias, se cumple o no se cumple”, subrayó Bullrich en conferencia de prensa. “Las fuerzas federales van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales”.
El protocolo
Según el protocolo, las fuerzas federales podrán intervenir de acuerdo a los códigos procesales vigentes. Si hay un delito in fragante, van a poder intervenir y serán determinados los delitos, hasta una nueva ley que se va a presentar a corto plazo, de acuerdo al artículo 194 del código penal.
Las fuerzas federales van a actuar en las zonas federales. Esto llevará a que las fuerzas provinciales deban actuar en las zonas de sus competencias para tener un verdadero trabajo en común.
Para llevar a cabo estas medidas, las fuerzas emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente y será graduada en proporción a la resistencia.
Serán identificados los autores, cómplices e instigadores de este tipo de delito. También se van a identificar a los vehículos y sus conductores, se van a registrar todas las infracciones administrativas o penales existentes y se va a proceder a incautar a los vehículos que no estén bajo las normas de tránsito o cuyos conductores no tengan la documentación que tienen que tener.
Se va a trabajar también en las estaciones de tren. Aquellas personas que vayan con tipo de material que debe ser incautado, sean palos, caras tapadas o formas de participar en una manifestación intentando no ser reconocidos por las fuerzas de seguridad, serán identificadas y sancionadas.
En el caso de participación de niños o adolescentes, se va a dar aviso a la autoridad competente de la protección de los mismos y se procederá a sancionar a aquellos que los lleven.
Todos los costos de los operativos de seguridad, se les enviará la factura a las organizaciones o individuos responsables. El Estado no va a pagar por el uso de las fuerzas de seguridad, tendrán que pagar las organizaciones o los individuos.
