ONU critica cambios “regresivos” en la Ley Ómnibus que limita el derecho a la protesta

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) manifestó su “preocupación” por los cambios “regresivos” que incluye la Ley Ómnibus que el Gobierno buscará tratar el miércoles en la Cámara de Diputados.

El proyecto del oficialismo agrava las penas por los cortes de calle e interrupciones de servicio durante movilizaciones, incluye sanciones para los organizadores de las mismas y exige que las protestas sean notificadas al Ministerio de Seguridad, el cual podrá oponerse a su realización y ordenar modificaciones, entre otras cosas.

En una carta con fecha del 22 de enero enviada a los presidentes de los bloques legislativos en la Cámara de Diputados, el representante regional para América del Sur del Acnudh, Jan Jarab, subrayó los puntos más “regresivos” del proyecto de ley.

Entre ellos, resaltó la “flexibilización del uso de la fuerza” frente a protestas, la “restricción al ejercicio del derecho a la reunión pacífica”, la “debilitación de la rendición de cuentas y el aumento de la posibilidad de violencia por particulares mediante la ampliación de la figura eximente de la legítima defensa”.

En particular, el Acnudh advirtió que el artículo 326 del proyecto “propone modificar el Código Penal para tipificar como delito actos que se pueden considerar como connaturales al ejercicio del derecho a la reunión pacífica”.

“Tal utilización del derecho penal en el contexto del ejercicio del derecho a la reunión pacífica resulta preocupante desde la perspectiva de los estándares internacionales”, alertó el organismo.

En cuanto al uso de la fuerza, el Acnudh expresó su “preocupación” acerca del artículo 344 que “flexibiliza el uso de la fuerza, debilita la rendición de cuentas y, además, aumentar la posibilidad de violencia por particulares, expandiendo la noción de legítima defensa”.

El organismo advirtió que esto eximiría la responsabilidad llamada “obediencia debida” y que “esto significaría eliminar uno de los requisitos fundamentales para el uso legítimo de la fuerza, permitiendo un uso indiscriminado y arbitrario, incluso en un contexto de manifestaciones”.

El Acnudh exhortó a los legisladores argentinos a “reconsiderar” los cambios propuestos en la Ley Ómnibus y a garantizar que “el derecho a la reunión pacífica se ejerza de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos”.