Oficialismo negocia con dialoguistas para sancionar la Ley Ómnibus

El oficialismo negocia con los bloques dialoguistas para sancionar la Ley Ómnibus, que contempla una delegación de facultades al Poder Ejecutivo, una amplia reforma del Estado y la privatización de unas 40 empresas públicas.

El Gobierno retiró el paquete fiscal, que contemplaba un aumento de las retenciones agropecuarias, un nuevo mecanismo de actualización de las jubilaciones, el blanqueo de capitales, cambios en Impuesto a los Bienes Personales y la moratoria.

Los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) y el de Córdoba, Martín Llaryora, y los legisladores de UCR, PRO, Hacemos e Innovación habían rechazado de plano el aumento de las retenciones agropecuarias y el nuevo mecanismo de ajuste de los haberes previsionales.

El oficialismo debe conseguir, primero, los 129 votos que necesita para habilitar el quórum, y luego para lograr los respaldos para sancionar artículos clave de la ley.

Uno de los puntos centrales del dictamen de mayoría establece que se declara la emergencia pública hasta diciembre del 2024 en nueve materias: económica, financiera, fiscal, de seguridad, tarifaria, energética, administrativa, previsional y de salud.

El oficialismo busca acotar las delegaciones de facultades para que no abarque la emergencia en salud y previsional, y declarar sí la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, seguridad, tarifaria, energética y administrativa.

Los radicales quieren que haya un compromiso para que el Gobierno envíe un proyecto por cada empresa que quiera privatizar, y Hacemos quiere eliminar de esa lista al Banco Nación, Arsat y Nucleoeléctrica.

El oficialismo propone que sus activos se transfieran al Tesoro Nacional y fija que para poder vender esas acciones haya un dictamen previo favorable emitido por la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y del Seguimiento de las Privatizaciones.