Más de mil jóvenes migrantes en España alcanzan la mayoría de edad sin papeles

La situación de los menores extranjeros no acompañados en España atraviesa un momento crítico. Un total de 1.170 jóvenes que llegaron al país de forma irregular cuando eran niños cumplieron los 18 años sin que su situación administrativa se regularizara. Este retraso, vinculado tanto a la lentitud en los procesos estatales como a las dificultades en su distribución territorial, los deja hoy fuera del sistema de protección.

Hasta alcanzar la mayoría de edad, estos menores contaban con mecanismos específicos de tutela y asistencia. Sin embargo, al cumplir los 18 años, pasan automáticamente a un régimen general que reduce significativamente las garantías y los recursos disponibles para su integración. En muchos casos, esta transición los empuja a situaciones de desamparo, especialmente en territorios como Canarias, Ceuta o Melilla.

La consecuencia directa es que numerosos jóvenes quedan en la calle y dependen de la capacidad de respuesta de unos servicios sociales que varían según la comunidad autónoma y que, en muchos casos, ya se encuentran saturados.

Un sistema tensionado por la falta de acuerdos

El origen del problema también se encuentra en el retraso de las medidas impulsadas por el Gobierno para redistribuir a estos menores entre las distintas autonomías. Hace un año, tras un reclamo del Ejecutivo canario, el Tribunal Supremo obligó al Estado a hacerse cargo de los menores que permanecían en las islas y solicitaron asilo. No obstante, los traslados no comenzaron hasta meses después.

Fue en agosto cuando se activaron las primeras derivaciones y se aprobó la contingencia migratoria que dio paso a un sistema de reparto entre comunidades. Aun así, el proceso avanzó con lentitud y estuvo marcado por el desacuerdo político.

La tensión se evidenció nuevamente cuando varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular decidieron no asistir a una reunión convocada por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, lo que impidió abordar la continuidad del modelo actual.

El reparto forzoso, en el centro del conflicto

El mecanismo de distribución obligatoria de menores, aprobado el año pasado, se acerca ahora a su fecha límite. Ante este escenario, el Ejecutivo plantea extender su vigencia mediante una nueva prórroga que deberá aprobarse en el Consejo de Ministros.

Algunas comunidades ya manifestaron su rechazo a continuar bajo las mismas condiciones. Argumentan falta de recursos, saturación en los sistemas de acogida y la necesidad de una mayor coordinación institucional. También reclaman que se respeten sus competencias en materia de protección social.

A este desacuerdo se suma la denuncia sobre fondos europeos bloqueados. Según diversas fuentes, cerca de 400 millones de euros destinados a la atención de estos menores no habrían sido aún distribuidos.

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