Más de 11.000 cooperativas irregulares serán dadas de baja por el Gobierno

El Gobierno nacional anunció este miércoles una serie de medidas para “depurar y controlar” el padrón nacional de cooperativas, que según denunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, “reviste innumerables irregularidades”.

Más de 11.000 cooperativas serán dadas de baja por no cumplir con los requisitos legales, mientras que las creadas entre 2020 y 2022 serán suspendidas y otras 4.355 registradas en 2023 serán inspeccionadas.

Adorni reveló que se le retirará la autorización para operar a 11.853 cooperativas que habían sido suspendidas en 2019 y que “por alguna razón que no comprendemos, el Gobierno anterior decidió seguir financiando”.

Las irregularidades detectadas son numerosas: el 70% de las cooperativas no presentó balances ni asambleas, el 22% repite asociados, el 20% utilizó el mismo mail para registrarse y el 9% comparte domicilio.

“Resulta sorprendente que los argentinos hayamos financiado por tanto tiempo instituciones que no tenían la mínima certificación de legalidad”, manifestó Adorni. Y agregó que había 300 cooperativas relacionadas con el Potenciar Trabajo a las que se destinaban 34 millones de dólares, “que por supuesto dejan de tener razón de ser”.

Cierre de delegaciones del ENACOM y posibles despidos:

En otra medida de ajuste, el Gobierno dispuso el cierre de todas las delegaciones provinciales del Ente Nacional De Comunicaciones (ENACOM) a partir del 1° de abril.

Desde ATE, temen que la medida genere más de 500 despidos que podrían sumarse a los más de 300 telegramas de despido enviados en las últimas horas.

Las autoridades argumentaron que el cierre se enmarca en el compromiso de gestionar eficientemente los recursos del Estado. Aseguran que desde la implementación del Trámite a Distancia (TAD) se observó una disminución significativa de las funciones de las delegaciones provinciales.

Se dispondrá de un período de transición de 60 días para reasignar las tareas de control y se garantizará la dotación mínima de trabajadores para el cierre de las delegaciones y la realización de un inventario patrimonial.

En un plazo de 30 días se deberán publicitar medios de atención alternativos para canalizar denuncias y demás trámites.