Los jueces de la Corte Suprema serán citados en marzo

Previamente, el 26 de enero se realizará la primera reunión de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.

Los jueces de la Corte Suprema serán citados en marzo en el marco del juicio político en su contra. El 26 de enero se llevará adelante la primera reunión de la Comisión de Juicio Político. El 2 de febrero tendrá lugar la argumentación formal de los 11 casos presentados. Una vez determinada la admisibilidad del juicio político se podrá dar paso a la etapa de prueba que contará con más de 40 testigos y concluirá con el dictamen de acusación.

El proyecto de juicio político divide las acusaciones por cada uno de los integrantes de la Corte – Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda -. El eje está puesto en sentencias del Tribunal sobre Coparticipación Federal, el Consejo de la Magistratura, los Derechos Humanos -caso Muiña donde se aplicó el 2×1- y la Obra Social del Poder Judicial. Además, señalaron que la Corte “actuó en sentido regresivo” en materia de derechos laborales: “limitando el derecho de huelga, desconociendo la relación de dependencia de trabajadores contratados, cercenando reclamos de responsabilidad solidaria por fraude laboral, reduciendo indemnizaciones por accidentes laborales, e incluso considerando prescripto el reclamo de un crédito laboral originado por crímenes de lesa humanidad”.

La Comisión de Juicio Político está integrada por 31 miembros, de los cuales  pertenecen al oficialismo. Vanesa Massetani, diputada por el massismo, comunicó que por motivos familiares deberá abandonar la comisión. Su reemplazo será el diputado riojano Ricardo Herrera.

Apoyos y cuestionamientos

En las últimas horas, organizaciones sociales del Movimiento Sindical manifestaron su apoyo al proyecto de juicio político contra la Corte Suprema. Por otro lado, un grupo de 500 empresarios pidió a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que no lleve adelante el juicio contra la Corte Suprema de Justicia porque afectará la inversión privada en la Argentina.

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