La UNC se movilizó dos días para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) fue escenario, entre el martes 14 y el miércoles 15 de abril, de una movilización sostenida por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. El punto de encuentro fue la carpa Universidad y Soberanía, montada en la plazoleta de Obispo Trejo y Caseros, en el corazón del centro histórico cordobés. Allí conflueron docentes, estudiantes, investigadores, nodocentes y graduados en defensa de la educación pública y la ciencia.

Las actividades que se desarrollaron en el espacio incluyeron clases públicas, propuestas de divulgación científica y acciones extensionistas a cargo de distintas facultades, centros de estudiantes y el área central de la Universidad. Entre los expositores estuvo Pedro Pérez, decano de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (Famaf), y Juan Pablo Carranza, director del Observatorio Social y Cultural para el Desarrollo Sostenible de la Secretaría de Ciencia y Tecnología (Secyt) de la UNC, quien abordó la temática de la transparencia institucional. Los gremios docente (Adiuc) y no docente (Gremial San Martín), junto a la Federación Universitaria de Córdoba (FUC), tuvieron una participación central en la organización y el desarrollo del programa.

El rector Jhon Boretto y la vicerrectora Mariela Marchisio estuvieron presentes el miércoles en la carpa, donde participaron de un programa radial. También acompañaron la jornada los exrectores Francisco Tamarit, Hugo Juri y Carolina Scotto, lo que subrayó el carácter transversal del reclamo dentro de la institución. La carpa contó además con transmisión en vivo a través de los Servicios de Radio y Televisión de la UNC.

Las jornadas en Córdoba se encuadraron en una protesta federal coordinada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Intersindical, que el 15 de abril convocó a 24 horas de universidad pública abierta en todo el país. En un comunicado conjunto, ambos organismos advirtieron que las transferencias a las universidades públicas cayeron un 45,6% desde 2023, lo que implica, según sus propias palabras, que el sistema universitario público funciona “a la mitad”. El texto también señaló que la situación salarial del personal docente y nodocente y la actualización de las becas estudiantiles son las urgencias más inmediatas que contempla la norma en disputa.

El reclamo tiene respaldo legal doble: la Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada por el Congreso de la Nación y su aplicación fue además ordenada por un fallo judicial que específicamente exige el cumplimiento de los artículos 5 y 6, referidos a salarios y becas. Sin embargo, según el comunicado del CIN y el Frente Intersindical, el Gobierno Nacional no dio respuestas ante ninguno de los dos instrumentos. Para la comunidad universitaria, la movilización no es solo una protesta sino también una demostración pública del valor estratégico del sistema: “pusimos en evidencia el potencial extraordinario del sistema universitario público”, expresó el comunicado, con la advertencia de que, sin financiamiento adecuado, ese potencial corre riesgo de extinguirse de forma gradual.

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