La Justicia de Estados Unidos sentenció la castración de un hombre por abuso infantil

En un hecho sin precedentes en Estados Unidos, la Justicia del estado de Luisiana dictó una condena que marca un hito: Thomas Allen McCartney, de 37 años, fue sentenciado a 40 años de prisión y a someterse a castración física y química tras declararse culpable de intentar violar a una niña de sólo siete años. El fallo, emitido el 19 de agosto de 2025 bajo un acuerdo de culpabilidad que inclusión la aceptación explícita del procedimiento, abre un intenso debate sobre la severidad de las penas para delitos sexuales contra menores.

McCartney fue arrestado en 2023 luego de que la madre de la víctima lo sorprendió en el intento de violación. Durante el hecho, el acusado mantenía contacto sexual y además amenazaba a la niña con un arma, según informó la Fiscalía del Distrito de Vernon y los medios locales. Al momento de su arresto, McCartney ya estaba registrado como un delincuente sexual de nivel tres, lo que indica reincidencia y peligrosidad comprobada.

Su historial delictivo es agravado y consta de condenas previas: intento de violación agravada en 2011, dos cargos por violación agravada contra una niña de 12 años en 2010 y un cargo por conocimiento carnal con una menor en 2006. El fiscal Terry Lambright definió el caso como “un crimen horrible que nunca debió ocurrir” y calificó a McCartney como “un depredador que debe estar apartado de la comunidad”.

La condena es la primera en aplicada bajo la legislación aprobada en Luisiana el 1 de agosto de 2024, que habilita la castración quirúrgica para delincuentes sexuales contra menores, siempre que el condenado consienta el procedimiento. La castración química consiste en la aplicación de medicamentos que reducen la libido y la producción hormonal, mientras que la castración física implica la extirpación de los testículos en hombres para eliminar permanentemente estas hormonas.

Debate global sobre la castración como pena

El caso McCartney reavivó el debate internacional sobre la castración voluntaria como sanción penal. Luisiana se suma a una lista limitada de jurisdicciones, que incluye países como Madagascar, Nigeria, Suiza, Canadá y República Checa, donde la castración física está contemplada legalmente para ciertos delitos sexuales, siempre con consentimiento del condenado. En Francia, por ejemplo, sólo se permite la castración química a petición del reo y nunca como pena obligatoria.

Los opositores a estas medidas califican la castración como castigo “cruel e inusual”, contrario a los derechos humanos, y advierten sobre sus implicancias éticas y legales. Por otro lado, los defensores enfatizan la necesidad urgente de proteger a los niños y prevenir nuevos abusos.

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