La Iglesia Católica confirmó que desde este año ya no recibe más aportes del Estado para pagar a los obispos
Es por un acuerdo establecido en 2018.
La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) anunció hoy que el último día hábil de 2023 se hizo efectiva la renuncia a la asignación mensual prevista en la Ley 21.950, que establece que el Estado debe hacerse cargo del salario de obispos y arzobispos de la Iglesia Católica.
Esta decisión finaliza un proceso iniciado en 2018 durante la 116° Asamblea Plenaria donde la CEA comunicó que renunciaría gradualmente a estos tres financiamientos y lo reemplazaría por “alternativas basadas en la solidaridad de los fieles”. También había anunciado la creación de un fondo solidario.
Según el Presupuesto 2022, el Estado destina a la Iglesia Católica más de 200 millones de pesos que incluyen sueldos de arzobispos y obispos, subsidios a sacerdotes en zonas de frontera y becas para seminaristas. Esto corresponde a las leyes 21.950, 22.162 y 22.950.
La Iglesia Católica seguirá percibiendo un beneficio establecido por una resolución del 26 de abril de 2023 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, que establece que los arzobispos y obispos que hayan cesado sus cargos por razones de edad o invalidez pueden solicitar una asignación de $98.000.
Se desconoce el aporte que realiza el Estado a las escuelas religiosas a través de subsidios.
Las leyes que instauraron el financiamiento estatal a la iglesia surgieron durante la última dictadura cívico militar de 1976. La Ley 21.950 de sueldos de obispos y arzobispos fue firmada en 1979 y la 22.162 de subsidios a sacerdotes en zonas fronterizas en 1980, ambas bajo el mandato de Jorge Rafael Videla. La 22.950 se aprobó en octubre de 1983, bajo el mando de Reynaldo Bignone.
