La CGT pidió a los candidatos presidenciales la protección de derechos laborales

La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó hoy un documento con 15 puntos fundamentales para “sostener el desarrollo justo del país”. El documento fue presentado por el cosecretario general de la CGT, Pablo Moyano, y pide a los candidatos presidenciales Sergio Massa y Javier Milei que lo firmen para mostrar su compromiso.

Los puntos del documento incluyen la defensa de los artículos 14 y 14 bis de la Constitución Nacional, la progresividad de los derechos laborales y sociales y paritarias libres.

En detalle, la CGT pide:

• La plena vigencia de los artículos 14 y 14 bis de la Constitución Nacional, que garantizan los derechos del trabajo.
• La defensa de los derechos colectivos e individuales que protegen el trabajo, como los convenios colectivos de trabajo.
• La progresividad de los derechos laborales y sociales, es decir, que se amplíen y mejoren con el tiempo.
• La convocatoria regular al Consejo del Salario, Mínimo, Vital y Movil, para fijar el piso salarial de todos los trabajadores.
• La implementación y el funcionamiento del Consejo Económico y Social (CES), un órgano de participación ciudadana para el debate sobre el desarrollo del país.
• El fuero laboral, que es el ámbito de la Justicia donde se dirimen los pleitos de los trabajadores.
• La implementación de procesos de crecimiento de trabajo registrado y digno, con remuneración justa y suficiente.
• El pleno funcionamiento y adecuado financiamiento de los sistemas de seguridad social.
• La promoción de la empleabilidad mediante la educación y la capacitación laboral.
• La implementación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo.
• La participación gremial en las políticas de vivienda.
• La protección de los trabajadores y sus familias con un sistema previsional y de seguridad social.
• La disminución de la jornada laboral.
• Educación pública, obligatoria y gratuita.
• Inversión en obra pública y participación del Estado en empresas de servicios públicos.