Gobierno apelará orden judicial sobre alimentos almacenados

La Casa Rosada considera que la medida judicial es una interferencia en la política pública.

El vocero de la Casa Rosada, Manuel Adorni, anunció este lunes que el gobierno apelará la resolución judicial que exige la elaboración de un plan para distribuir los alimentos almacenados por el Ministerio de Capital Humano. “Consideramos que esto no es una cuestión judicial, sino una definición de política pública, y la justicia no debe entrometerse en las políticas públicas”, afirmó Adorni.

El juez federal Sebastián Casanello notificó al gobierno que debe cumplir con la orden en un plazo de 72 horas. La medida abarca 5 mil toneladas de alimentos almacenados en Villa Martelli, Buenos Aires, y Tafí del Valle, Tucumán.

Por su parte, la ex ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, denunció que el Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, también tiene 50 camionetas 0 km abandonadas.

Adorni justificó la retención de alimentos explicando que estos son reservas preventivas para emergencias. “Estos alimentos están reservados para situaciones de emergencia o catástrofes, algo común en todo el mundo”, afirmó Adorni. Mencionó eventos climáticos como inundaciones en Bahía Blanca y Corrientes como ejemplos de posibles emergencias.

Sin embargo, la actual administración no ha distribuido estos alimentos durante emergencias recientes. Adorni subrayó que los alimentos no se desperdician y que existe una confusión sobre su uso. “Por un lado, están los alimentos que llegan a los comedores y, por otro, los destinados a reservas”, aclaró.

El Ministerio de Capital Humano comunicó que el 60% de las 5 mil toneladas son yerba mate de mala calidad adquirida irregularmente por la gestión anterior y actualmente bajo auditoría.

La respuesta del gobierno incluye una acusación de que la orden judicial es una intromisión ilegítima en la democracia, violando la división de poderes. El ministerio declaró que no entregará alimentos a comedores inexistentes manejados por organizaciones extorsivas.

Reacción de la Iglesia y el gobierno

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Oscar Ojea, instó al gobierno a distribuir los alimentos almacenados, argumentando que, en tiempos de emergencia alimentaria, deben ser entregados rápidamente. Criticó el desperdicio de alimentos y la falta de sensibilidad hacia quienes los necesitan.

En contraste, el presidente Javier Milei minimizó la situación afirmando que “si la gente no llegara a fin de mes, se estaría muriendo en la calle”. Pablo de la Torre, secretario de Niñez y Familia, aseguró que los alimentos están en buen estado y se utilizan en emergencias.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió la postura del gobierno en una entrevista, sugiriendo que Monseñor Ojea debería estar mejor informado. Bullrich también criticó los comedores comunitarios, afirmando que la Tarjeta Alimentar es una solución más efectiva.

Investigación y orden judicial

La denuncia sobre los alimentos sin distribuir fue iniciada por una investigación periodística de El Destape y presentada ante la justicia por el dirigente Juan Grabois. El juez Casanello ordenó al Ministerio de Capital Humano que elabore un plan de distribución de alimentos y presente un informe detallado del stock en los depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo, incluyendo tipos de alimentos y fechas de adquisición y vencimiento.

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