El gobierno de Perú rechazó adelantar las elecciones

El jefe del Consejo de Ministros sostuvo que no estarían garantizados los requisitos de la ley electoral.

El gobierno de Perú rechazó adelantar las elecciones programadas en abril de 2024 para 2023. El argumento es la falta de garantías de un proceso transparente. Mientras tanto, continúan las protestas en las calles.

“Tenemos que garantizar unas elecciones libres, transparentes y que puedan asegurar adecuadamente la voluntad popular. Sería muy lamentable que a los problemas que tenemos en este momento añadamos un proceso electoral que no ha sido debidamente garantizado con los requisitos de la propia ley electoral”, señaló el jefe del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.

Dina Boluarte, la actual presidenta tras la destitución de Pedro Castillo, recibió diversas críticas por el accionar represivo que se está aplicando en las manifestaciones. Además, se reveló que el Gobierno convocó al Ejército para destrabar los cortes de ruta que se produjeron en todo el país.

Más de treinta legisladores apoyaron una moción de vacancia por incapacidad moral para destituir a Boluarte por ser responsable de la represión que dejó 50 muertos. En el documento se exige su destitución, el adelanto de las elecciones y un cambio constitucional que permita una Asamblea Constituyente. “Nuestro país está siendo desangrado por el pésimo manejo gubernamental y de las fuerzas del orden que lidera la señora Boluarte Zegarra, puesto que hasta la fecha y van 44 personas fallecidas (57, según la Defensoría) como consecuencia del uso desmedido de las armas contra el pueblo peruanos”, indicaron en el texto.

La ONU pidió investigar la represión

El secretario General de la ONU, Antonio Guterres solicitó al gobierno peruano “investigaciones rápidas, efectivas e imparciales” en el marco de las muertes que se registraron durante las manifestaciones. Además, pidió evitar estigmatizar a las víctimas. “Incluso en tiempos de emergencia pública, las medidas que suspenden el derecho de reunión pacífica deben limitarse a lo estrictamente requerido por la situación y ser coherentes con otras obligaciones del derecho internacional”, dijo a través de un comunicado.

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