Argentina bloqueará los celulares en las cárceles

El Ministerio de Seguridad Nacional argentino dio luz verde a una estrategia de blindaje digital en las unidades carcelarias del país para frenar el accionar de las bandas criminales. A través de la Resolución 336/2026, publicada en el Boletín Oficial, se facultó al Servicio Penitenciario Federal para la adquisición e instalación de sistemas avanzados de detección y anulación de frecuencia. Esta normativa responde a la necesidad de cortar el vínculo logístico que los detenidos mantienen con sus redes externas para organizar delitos.

La tecnología que se desplegará en los pabellones tiene la capacidad específica de identificar códigos IMEI e IMSI, los cuales funcionan como las huellas dactilares de cada equipo y de las líneas telefónicas asociadas. Según lo establecido por la cartera de Seguridad, el propósito fundamental es evitar que las operaciones ilegales se mantengan activas desde las prisiones. Esta acción busca mitigar los peligros que representa la comunicación no supervisada para la estabilidad de la ciudadanía.

El marco normativo que respalda este avance es la Ley 24.660 de ejecución de la pena, la cual ya prohibía el uso de telefonía móvil personal para los internos en beneficio de la seguridad pública. Aunque el derecho a la comunicación se mantiene vigente por canales oficiales, el uso clandestino de dispositivos móviles es considerado una amenaza directa. 

Estrategias para el control de señales inalámbricas

Un aspecto crítico de esta implementación es la precisión técnica de los inhibidores para que no interfieran con las áreas urbanas circundantes a los edificios carcelarios. El Ministerio instruyó a la Dirección Nacional de Tecnología de la Información para que supervise tanto la compra como el despliegue de los equipos y asegurar que el bloqueo de frecuencias sea quirúrgico. De esta forma, se protege el derecho de los vecinos a mantener su conectividad habitual sin sufrir cortes en sus servicios.

Además del equipamiento físico, la medida introduce un manual de procedimientos estandarizado que guiará el accionar del Servicio Penitenciario Federal ante la detección de señales anómalas. Este protocolo permite actuar con celeridad para neutralizar amenazas incipientes y centralizar la información sobre los intentos de comunicación externa ilegal. Se retoma así una tendencia iniciada en 2019, cuando se habilitó por primera vez el uso de inhibidores de señal en contextos específicos vinculados a la custodia nacional.