2.954 jubilaciones bajo la lupa: cobraron la Pensión Universal para Adultos Mayores y se fueron del país
Se investiga a otros 7.512 casos. Se sospecha de un posible fraude al Estado por más de $5.842 millones.
El fiscal federal Guillermo Marijuan detectó que 2.954 personas que cobraban la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en realidad residen en el extranjero. Esta situación irregular le costó al Estado argentino más de $449 millones en lo que va del año, y podría ascender a $5.842 millones anuales.
Irregularidades y un posible fraude millonario
Los beneficiarios, que se habían inscripto en el programa como personas mayores “vulnerables”, regresaron a sus países de origen luego de obtener la pensión. Esto incumple la normativa de la ley 27.260, que exige a los beneficiarios mantener su residencia en Argentina.
Ante esta situación, Marijuan solicitó a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, la baja inmediata de estas personas del padrón de la PUAM. Además, la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS) está analizando otros 7.512 casos de “titulares PUAM” que “mantuvieron intervalos fuera del país por más de 60 días”.
Investigación en curso y posibles responsabilidades
El fiscal Marijuan detalló en un oficio enviado a Pettovello que se iniciaron casi 3.000 expedientes individuales para investigar cada caso. Se estima que unas 1.300 personas se fueron del país hace más de tres meses, período a partir del cual ANSES debe suspender el beneficio.
La investigación también busca determinar quiénes cobraban las pensiones de estas personas en los cajeros automáticos y qué funcionarios públicos permitieron esta irregularidad.
Un llamado a la acción y medidas urgentes
Marijuan solicitó a Pettovello que evalúe la “inmediata suspensión” de la pensión a los beneficiarios que viven en el extranjero para “hacer cesar los efectos de una posible conducta delictiva”.
Este caso pone de relieve la necesidad de reforzar los controles y mecanismos para evitar el fraude en el sistema de jubilaciones y pensiones, y garantizar que los recursos del Estado se destinen a quienes realmente los necesitan.
