El vocero presidencial desligó al gobierno del proyecto para derogar la IVE
La iniciativa fue presentada por la diputada Rocío Bonacci y modifaría la ley 27.610.
El vocero presidencial desligó al gobierno del proyecto para derogar la IVE. “No es parte de la agenda del presidente”, señaló Manuel Adorni en su conferencia diaria. La iniciativa fue presentada por la diputada nacional oficialista Rocío Bonacci. “Es una discusión legislativa, no es parte de la agenda del presidente, no ha sido una decisión del presidente y no ha sido impulsado de ninguna manera por el Poder Ejecutivo”, expresó el funcionario.
El proyecto propone derogar la ley 27610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo y busca disponer, entre otros puntos, la reclusión o prisión de tres a diez años si el aborto se realiza sin consentimiento de la mujer. “Esta pena podrá elevarse hasta quince años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer”, detallaron y agregaron: “Con reclusión o prisión de uno a cuatro años, si obrare con consentimiento de la mujer”. “El máximum de la pena se elevará a seis años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer”, añadieron.
Además, pretende cambiar el artículo 86 en relación a los especialistas a cargo de los abortos. “Sufrirán, además, inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo. El aborto causado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta y con el fin de evitar un peligro inminente para la vida de la madre no es punible, siempre que el peligro no pueda ser evitado por otros medios”, expresaron en el texto.
Adorni manifestó que el Poder Ejecutivo está “preocupado y abocado en trabajar sin descanso en otros temas que son muchísimo más urgentes”. La medida lleva la firma de los legisladores Beltrán Benedit, María Fernanda Araujo, Lilia Lemoine, Manuel Quintar y Oscar Zago, presidente del bloque de La Libertad Avanza. “El proyecto es mi iniciativa, no del Ejecutivo, y ha sido puesto a la consideración del cuerpo que integro”, explicó Bonacci en redes sociales.
“No soy firmante del mismo, pero apoyo siempre a las dos vidas. Cuando sea oportuno seguramente me tendrán del lado correcto”, aclaró por su parte Quintar. La diputada Lemoine cuestionó la decisión y se despegó: “Pusieron mi nombre porque dije que iba a acompañar pero que no era el momento ahora y me metió igual. Es muy dañino”. “No son firmas de puño y letra, son acompañamientos de miembros de mi bloque, con los que previamente charlamos acerca de este proyecto, algunos por WhatsApp y otros personalmente. Podían estar o no. No sé por qué tienen el afán de llamarle operación a todo”, cuestionó la diputada Bonacci.
La funcionaria indicó en el texto que la propuesta tiene por objetivo “eliminar la injusta y arbitraria distinción que la redacción actual traza entre los abortos realizados antes de la semana 14 sin reproche penal – y los realizados luego de dicho plazo – penalizados en los casos en que no se verifiquen las causas de no punibilidad -, en la convicción de que dicha distinción sienta un peligroso precedente al crear, de hecho, categorías de personas”.
Por otro lado, plantean una modificación del artículo 88. “Será reprimida con prisión de uno a tres años, la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare. La tentativa de la mujer no es punible. El juez podrá disponer que se exceptúe de la pena a la mujer en atención a los motivos que la impulsaron a cometer el delito, su actitud posterior, y la naturaleza del hecho”, consignaron.
Uno de los aspectos que más cuestionamientos recibió fue acerca de los embarazos originados después de una violación. “Decidimos eliminar la causal de no punibilidad por entender que la misma ha sido sistemáticamente interpretada como una justificación de la práctica. Sin embargo, dichos casos quedan comprendidos en la redacción propuesta para el artículo 88 del CP, que autoriza al juez a eximir a la mujer de la pena en atención a las causas que la llevaron a abortar y a su comportamiento posterior, manteniendo así el carácter delictivo de la conducta. En efecto, creemos que no existe ninguna razón, por dramática que sea, que justifique el descarte de una vida inocente”, expusieron.
Fuente: Infobae, Perfil
+ NOTIFY: El Gobierno eliminó un fondo que subsidiaba boletos de colectivo del interior
+ NOTIFY: Milei no descarta derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo
