Gobierno intimó a pagar $40 millones a sindicatos por gastos de seguridad en marcha de la CGT

El secretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Seguridad de la Nación, Martín Siracusa, intimó hoy a los sindicatos que formaron parte de la marcha de la CGT e interrumpieron el tránsito a pagar más de 40 millones de pesos por los gastos ocasionados.

La medida se enmarca en el protocolo antipiquetes establecido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en diciembre, donde estipula que por “todos los costos de los operativos de seguridad, se les enviará la factura a las organizaciones o individuos responsables. El Estado no va a pagar por el uso de las fuerzas de seguridad, tendrán que pagar las organizaciones o los individuos”.

La Confederación General del Trabajo (CGT) llamó a la intimación una “provocación del Poder Ejecutivo”. “Esta afrenta ilegítima y contraria a la Constitución Nacional que expone la vocación gubernamental de desconocer la libertad sindical, el derecho de huelga y de protesta ante todo intento de manifestar el rechazo y el descontento, no condicionará al movimiento obrero organizado”, agregaron.

La intimación alcanza a un total de 16 sindicatos y organizaciones, entre los que se encuentran la Federación Marítima y Portuaria de la Industria Naval (Fempinra), Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (Apops), Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Asociación Civil Polo Obrero, Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (Mijd), Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Movimiento Socialista de Trabajadores (MST), Agrupación Izquierda Socialista, Unión Obrera Metalúrgica, Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), Sindicato Único de Trabajadores de Neumáticos Argentino (Sutna), Unión Obrera de la Construcción (Uocra), Sindicato de Camioneros, Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Conadu histórica y CTA autónoma.

El documento enviado a los sindicatos y organizaciones los responsabiliza por “los gastos ocasionados el día 27 de diciembre de 2023” y “costos operativos que se emplearon para hacer cesar los actos ilegítimos en miras del mantenimiento del orden público”. Por esto los intima a pagar $40.419.227,56 en un plazo perentorio de 10 días hábiles desde recepcionada la intimación.

La medida ha generado controversia en el ámbito sindical, que la considera una violación a la libertad de expresión y de reunión. La CGT, por su parte, anunció que apelará la intimación ante la Justicia.